Los
debates por la legalización del aborto en Argentina. Notas sobre la relación
entre la Iglesia católica y los distintos Gobiernos presidenciales en
democracia (1983-2018)<=
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PABLO GUDIÑO BESSONE<= o:p>
Instituto Académico
Pedagógico de Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Villa María / Con=
sejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
=
pablo.gbessone@yahoo.com.ar
Resumen. El objetivo de
este artículo es analizar la relación histórica entre la Iglesia católica y=
los
distintos Gobiernos presidenciales en Argentina con respecto a los debates =
por la
legalización/despenalización del aborto (1983-2018). El escrito trata de dar
cuenta de las formas en que la relación entre los Gobiernos democráticos y =
la
jerarquía eclesiástica estuvo atravesada por momentos de contradicciones, y=
/o
consensos, que fueron decisivos para el reconocimiento, o rechazo, de los
derechos sexuales y (no) reproductivos. Recientemente, en 2018, la propuest=
a de
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue denegada por el Senado de la
Nación, producto del conservadurismo de un sector mayoritario de la dirigen=
cia
política argentina y de la presión constante ejercida por la jerarquía
eclesiástica.
Palabras clave: Iglesia
católica; aborto; política; democracia; Argentina.
The debates about the
legalization of abortion in Argentina: The Catholic Church and its relation=
ships
with the presidential governments in democracy (1983-2018)
Abstract. The objective of this article is to analyze the
historical relationship between the Catholic Church and the different
presidential governments in Argentina, regarding the debates for the
legalization/decriminalization of abortion (1983-2018). The essay tries to =
give
an account of the ways in which the relationship between democratic governm=
ents
and the ecclesiastical hierarchy was crossed by moments of contradictions,
and/or consensus, that were decisive for the recognition, or rejection, of
sexual and (non) reproductive rights. In 2018, the proposed Law of Voluntary
Interruption of Pregnancy (IVE) was denied in the Senate of the Nation prod=
uct
of the conservatism of a majority sector of the Argentine political leaders=
hip
and the constant pressure exerted by the ecclesiastical hierarchy.
Keywords: Catholic church; abortion; politics; democracy;
Argentina.
Siglas usadas
AICA Agencia Informativa Católica =
Argentina
Anmat Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología
CEA Conferencia Episcopal Argen=
tina
Cedes Centro de Estudios de Estado=
y
Sociedad
CELS Centro de Estudios Legales y
Sociales
Clacai Consorcio Latinoamericano Co=
ntra
el Aborto Inseguro
Codeab Comisión por el Derecho al Abor=
to
CPN Código Penal de la Nación<= o:p>
CSJN Corte Suprema de Justicia de=
la
Nación
CTA Central de Trabajadores de=
la
Argentina
ELA Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género
ESI Educación Sexual Integral=
FPV Frente para la Victoria
Frepaso Frente País Solidario
ILE Interrupción Legal del Em=
barazo
Inadi Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
IVE Interrupción Voluntaria d=
el Embarazo
Madel Mujeres Autoconvocadas para D=
ecidir
en Libertad
ONU Organización de las Naciones
Unidas
PJ Partido Justicialista<= o:p>
PRO Propuesta Republicana
Redaas Red de Acceso al Aborto Seguro=
en
Argentina
Saemb Sociedad Argentina de Ética y=
Moral
Médica y Biológica
UCR Unión Cívica Radical
Introducción
Desde el retorno de la democracia en 1983, las relaciones entre los pod=
eres
político y eclesiástico en Argentina fueron tanto de confrontación como de =
acercamiento.
Las presidencias de Raúl Alfonsín (1983-1989), Nést=
or
Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se
caracterizaron por mantener un vínculo de conflictividad con la jerarquía d=
e la
Iglesia católica, lo que propició un contexto de oportunidades políticas pa=
ra la
ampliación de los derechos a la ciudadanía sexual y la diversidad sexogenér=
ica,
históricamente demandados por el movimiento feminista y las disidencias
sexuales.
La
Ley de Divorcio (Ley 2393) sancionada en 1987, durante la presidencia de Ra=
úl Alfonsín,
fue duramente cuestionada y combatida por la Iglesia católica; y lo mismo
sucedió respecto al levantamiento que dicho Gobierno hizo de las restriccio=
nes
que obstaculizaban el acceso a los métodos anticonceptivos. Ambas medidas
fueron consideradas por la Iglesia católica como una amenaza para la
preservación de la institución de la familia y de la moral sexual de la nac=
ión.
Por su parte, los distanciamientos entre Néstor Kirchner y la jerarquía
episcopal estuvieron fundados, entre otros aspectos, en el avance que su Go=
bierno
hizo en políticas públicas vinculadas al ejercicio y reconocimiento de los
derechos sexuales y (no) reproductivos; en los acercamientos políticos que =
integrantes
de su gabinete mantuvieron con sectores del catolicismo disidente y de la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En camb=
io,
la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se caracterizó por mantene=
r una
relación política ambivalente con la Iglesia, ya que, si bien existieron
momentos de tensión con los obispos –debido al apoyo a la Ley de Matrimonio
Igualitario (Ley 26618) y a la Ley de Identidad de Género (Ley 26743)–, su
postura opositora a la legalización del aborto le permitió articular una
relación de acercamiento con la jerarquía eclesiástica.
En
contraste con los Gobiernos mencionados en el párrafo anterior, las
presidencias de Carlos Menem (1989-1999), Fernando De la Rúa (1999-2001) y
Eduardo Duhalde (2002-2003) fueron de connivencia política con la Iglesia c=
atólica.
El vínculo de acercamiento entre Carlos Menem y las autoridades de la
Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se sostuvo en la postura opositora de=
l Gobierno
al aborto y a los derechos sexuales y (no) reproductivos. Estos últimos fue=
ron
tema de discusión de la V Conferencia de Población y Desarrollo (El Cairo, =
1994)
y de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995), organizadas po=
r la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), y donde los representantes del E=
stado
argentino oficiaron como aliados del Vaticano, considerando estos derechos
dentro de los perjuicios ocasionados por la ideología de género. Asimismo, =
y en
el plano local, el menemismo buscó atender las prerrogativas de la Iglesia =
católica,
que presionaba por incorporar al proyecto de Reforma de la Constitución
Nacional Argentina de 1994 una cláusula de reconocimiento de los embriones/=
fetos
como personas jurídicas desde el momento de la concepción, a la vez que
pretendía la declaración de inconstitucionalidad para toda tentativa de leg=
alización
del aborto en el país. De igual manera, Fernando de la Rúa pretendió contin=
uar con
la línea del menemismo haciendo de la oposición al aborto un nexo político =
entre
su Gobierno y los obispos. Sin embargo, la crisis socioeconómica y político=
-institucional
que atravesó la Argentina en 2001 concluyó con la renuncia de De la Rúa a la
presidencia y la asunción de Eduardo Duhalde como presidente transicional e=
ntre
los años 2002 y 2003. Si bien este último se caracterizó por ser un actor
cercano a las filas conservadoras del catolicismo y mantener una postura re=
ticente
hacia el aborto, su relación con la Iglesia Católica transitó por momentos =
de
debilidad, productode la adhesión que representantes de su Gobierno hiciero=
n a
la sanción de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25673).=
Este
artículo repara, además, en el análisis del posicionamiento que tuvo la Igl=
esia
católica en el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (I=
VE) en
2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. Dicho proyecto de ley logró
obtener media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, pero resultó
finalmente denegado por voto mayoritario en el Sena=
do. Hasta
el momento, el aborto, en Argentina, es considerado una práctica ilegal seg=
uida
de penalización, salvo causales reguladas por el artículo 86 del Código Pen=
al
de la Nación (CPN) en los siguientes puntos: (1) cuando se encuentra en
riesgo la vida y la salud de la mujer y (2) cuando el embarazo es producto =
de
una violación. El denegado proyecto de ley ampliaba el derecho de todas las
mujeres a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las
primeras 14 semanas del proceso gestacional, preservando el modelo de causa=
les
para casos de violación y de riesgos para la salud y la vida de la madre, y
agregando la posibilidad de acceder a un aborto terapeútico ante casos de
malformaciones fetales graves. Quienes desde la militancia feminista y la
dirigencia política se posicionaron a favor de la Ley de IVE, lo hicieron s=
obre
la base de considerar el problema del aborto clandestino como la primera ca=
usa
de mortalidad materna en el país; en cambio, para la Iglesia católica, se
trataba de una propuesta de ley que pregonaba el infanticidio y el crimen de
niños inocentes en el vientre materno. Dicho debate significó un momento
histórico para Argentina, dado que implicó la movilización masiva de la
sociedad civil proveniente de sectores vinculados al catolicismo y a las Ig=
lesias
evangélicas, así como a organizaciones feministas identificadas con la Camp=
aña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El
objetivo de este artículo es dar cuenta de los distintos escenarios y
coyunturas sociopolíticas de la democracia argentina en los que el poder ec=
lesiástico
ha contribuido a obstruir el reconocimiento de los derechos sexuales y (no)=
reproductivos
e interceptar toda propuesta de legalización/despenalización del aborto. La
relación entre los Gobiernos presidenciales y la Iglesia católica respecto a
los debates por la ciudadanía sexual ha sido de marcadas contradicciones y/=
o consensos,
pero también de indecidibilidades, oscilaciones y claroscuros políticos. Pa=
ra la
realización del presente escrito, se procedió a la revisión metódica y sist=
emática
de fuentes documentales que incluyen homilías, cartas pastorales, declaraci=
ones
episcopales y materiales extraídos de los boletines de la Agencia Informati=
va
Católica Argentina (AICA), así
como del Archivo Histórico del Arzobispado de Buenos Aires y de la Conferen=
cia
Episcopal Argentina (CEA). También se trabajó con fuentes de los principale=
s periódicos
de circulación masiva del país, entre ellos los diarios Página/12, La Nación, Clarín,
Crónica y Perfil; y publica=
ciones
pertenecientes a organizaciones feministas, como la revista Nuevos Aportes, y de organizaciones civiles católicas opositoras al aborto=
, como
Aciprensa y la Revista Familia y Vida.
1. La Iglesia católica en tiempos de=
la
presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989): conflictos sobre la Ley de Divorc=
io y
el «peligro» de legalización del aborto en democracia
Las
relaciones entre el Gobierno de Raúl Alfonsín y la Iglesia católica fueron =
de
constantes tensiones y conflictos. Desde sus inicios, el alfonsinismo se pr=
esentó
como un Gobierno democrático que venía a poner límites a las injerencias del
poder eclesiástico sobre las políticas de Estado. Históricamente, en Argent=
ina,
la Iglesia católica se caracterizó por utilizar las estructuras estatales c=
on
el propósito de extender y reproducir su programa pastoral al conjunto de la
sociedad civil en cuestiones como el dictado de la educación religiosa en l=
as
escuelas públicas y la regulación de la sexualidad y el matrimonio. La lleg=
ada a
la presidencia de Raúl Alfonsín en representación de la Unión Cívica Radical
(UCR) –partido político de perfil laico y anticlerical– significaba, para l=
as
autoridades de la Iglesia, una pérdida de poder y una amenaza para la
preservación de los valores cristianos del país. En efecto, el compromiso a=
sumido
por el alfonsinismo en la defensa de los derechos humanos y la restauración=
del
Estado de derecho posdictadura militar reavivó en el espacio público la
presencia de colectivos de mujeres vinculados al feminismo, quienes vieron =
en la
apertura democrática de 1983 y en el anticlericalismo de la UCR un contexto=
de
oportunidades políticas para el reconocimiento y la ampliación de los derec=
hos a
la ciudadanía sexual (Di Marco, 2012; Brown, 2014).
En
América Latina, los procesos de democratización que advinieron con el fin de
las dictaduras militares tuvieron como correlato la activación en la esfera
pública de demandas por la concreción de un Estado laico, ajeno a los inter=
eses
y prerrogativas de los poderes eclesiásticos (Blancarte, 2015). En particul=
ar, el
Gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina se caracterizó por fomentar un proce=
so
de modernización y laicización del Estado (Ezcurra, 1988; Dri, 1997; Martín,
2009; Mallimaci, 2015); así, el impulso y sanción de la Ley de Divorcio (19=
87) fue
uno de los puntos clave que marcaron su distanciamiento de la Iglesia catól=
ica.
Otros puntos clave fueron: el proyecto político del alfonsinismo de promove=
r un
modelo de educación pública laica, y las políticas
públicas de planificación familiar basadas en el
reconocimiento de las parejas a decidir libremente en el
terreno de los derechos sexuales y (no) reproductivos. En 1986, el Gobierno=
de
la UCR procedió, mediante el Decreto Presidencial 2274, a poner fin a los
obstáculos que, en el acceso a los métodos anticonceptivos, habían impuesto
tanto la dictadura militar (1976-1983) como el tercer Gobierno peronista (1=
973-1976).
Estos últimos habían desplegado políticas pronatalistas –apelando al discur=
so
de la escasez demográfica como un problema que afectaba la defensa de la
soberanía del territorio nacional (Cepeda, 2008; Felitti, 2012)– en lo que =
se
denominó el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. P=
or
medio del Decreto 659 (1974), el Gobierno de Juan Domingo Perón restringió =
la
comercialización y venta libre de pastillas anticonceptivas. Asimismo, proh=
ibió
actividades relacionadas con el control de la natalidad en el sistema públi=
co
de salud. En 1977, el Gobierno de la dictadura ratificó dicho decreto
anteponiendo también como argumento el bajo crecimiento demográfico y el
descenso de la tasa de natalidad, y considerando que las políticas de contr=
ol
poblacional tenían como trasfondo intereses foráneos que ponían en riesgo la
soberanía nacional.
El
levantamiento de las restricciones al acceso a los métodos anticonceptivos =
por
parte del Gobierno de la UCR significó un avance importante en el
reconocimiento del derecho de las parejas a decidir de manera libre y
responsable sobre la planificación familiar. Dicha acción de gobierno se di=
o en
el marco de la suscripción que la Argentina hizo, en 1985, de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer =
(Cedaw
por sus siglas en inglés), que recomendaba a los Estados nación no incurrir=
en
la aplicación de políticas demográficas coercitivas que afectasen el desarr=
ollo
de la autonomía reproductiva de las mujeres. A propósito de ello, el Minist=
erio
de Salud de la Nación procedió a atender las recomendaciones de las Naciones
Unidas realizando campañas informativas sobre el uso de métodos anticoncept=
ivos,
además de incorporar la entrega gratuita de pastillas en los centros
asistenciales de salud pública. Para la Iglesia catól=
ica,
dicha política de Estado contribuía a subvertir la relación natural entre s=
exo
y procreación; mientras que asociaciones civile=
s, tales
como el Consorcio de Médicos Católicos y la
Sociedad Argentina de Ética y Moral Médica y Biológica (Saemb) montaron cam=
pañas
publicitarias para informar a la opinión pública sobre los efectos abortivo=
s de
las píldoras anticonceptivas.
El
7 de noviembre de 1983, y con inmediata posterioridad a las elecciones
presidenciales que dieron como ganador al partido de la UCR, la Conferencia
Episcopal Argentina (CEA) publicó un documento titulado Ante la nueva etapa del país (AICA,
7/11/1983). En dicho escrito,los obispos exhortaron al nuevo Gobierno a no =
incidir
en el tema del aborto y el divorcio, y a respetar el modelo de la familia
heterosexual como una institución que preexiste culturalmente al Estado. En
consecuencia, con la aprobación de la Ley de Divorcio en 1987, la relación =
tensa
entre el Gobierno de la UCR y la Iglesia católica tendió a recrudecer. Para=
los
obispos, la presidencia de Raúl Alfonsín denotaba una clara aversión por los
valores cristianos, y la aprobación de dicha ley significaba el riesgo de
advenimiento de la legalización del aborto en el país. Desde la cúpula
eclesiástica, se organizaron movilizaciones en la esfera pública para prote=
star
en contra del Gobierno. Obispos como Emilio Ogñenovich (obispo de Mercedes)=
y
Juan Carlos Aramburu (arzobispo de Buenos Aires) fueron los principales ref=
erentes
y encabezaron los reclamos de la feligresía católica. No obstante, otro de =
los focos
de conflicto entre la Iglesia y el Gobierno de la UCR había sido la realiza=
ción
del Segundo Congreso Pedagógico Nacional (1984) ante la propuesta del
presidente Alfonsín de reorganizar la educación pública bajo parámetros lai=
cos
e introducir en las escuelas la enseñanza de la educación sexual (Esquivel,
2004; Fabris, 2011).
En
definitiva, el retorno de la democracia en 1983 significó la presencia del
movimiento de mujeres en la esfera pública, y, en ese marco, tuvieron
visibilidad demandas vinculadas al reconocimiento de los derechos sexuales y
(no) reproductivos y a la legalización del aborto. En 1988, en Buenos Aires=
, surgió
la Comisión por el Derecho al Aborto (Codeab)=
, un
espacio conformado por mujeres con trayectoria militante en el feminismo que
habían sido exiliadas del país durante los años recientes de la dictadura
militar. Para las integrantes de la Codeab, la clandestinidad del aborto era
una problemática de salud pública que afectaba de manera directa a las muje=
res
de sectores socioeconómicos más desaventajados. El tema de la interrupción
voluntaria del embarazo ya se había hecho presente durante la celebración d=
el
primer Encuentro Nacional de Mujeres (Buenos Aires, 1986), instancia en la =
que
también se trataron cuestiones como la violencia doméstica y los derechos a=
la
participación política femenina[2]. En
suma, el período de transición democrática en Argentina habilitó la inscrip=
ción
de demandas de las organizaciones feministas en el espacio público. Pero, si
bien se trató de un escenario político favorable para la concreción de dere=
chos
como la Ley de Divorcio y la remoción de barreras que obstruían el acceso a=
los
métodos anticonceptivos seguros, no fue hasta la década del 1990 que el abo=
rto
logró alcanzar mayor visibilidad como tema de debate y discusión sociopolít=
ica.
2. La cruzada antiabortista: relacio=
nes
entre la jerarquía eclesiástica y el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999)
Desde los inicios de su candidatura a=
la
presidencia de Argentina en 1989, Carlos Menem contó con el aval y el apoyo=
de
la Iglesia católica. Durante su campaña electoral, el candidato por el Part=
ido
Justicialista (PJ) demostró compromiso y proximidad ideológica con los
principios del catolicismo, en tanto que su competidor y candidato a presid=
ente
en representación de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo César Angeloz, =
era
rechazado por los miembros del clero tras la experiencia política del
alfonsinismo. En pleno escenario electoral, los obispos se pronunciaron a f=
avor
de la elección de candidatos antiabortistas y que mantuvieran compromiso co=
n la
defensa del modelo de la familia católica. El arribo de Carlos Menem a la
presidencia implicó, para la Iglesia católica, la posibilidad de retomar su
lugar de poder sobre el Estado y, a la vez, de volver a constituirse en fue=
nte
de legitimidad de los procesos políticos e institucionales.
A
diferencia de lo sucedido durante la presidencia de Raúl Alfonsín, las prim=
eras
acciones de gobierno de Carlos Menem fueron de concomitancia con los intere=
ses
de la jerarquía eclesiástica. Ejemplos de ello fueron el nombramiento de
intelectuales orgánicos del catolicismo para ocupar cargos de jerarquía en =
el
Ministerio de Educación de la Nación y el posicionamiento antiabortista que=
el
propio Menem asumió tanto en el escenario político local como en el interna=
cional.
Carlos Menem fue uno de los principales aliados del Vaticano en las
Conferencias de El Cairo (1994) y Pekín (1995), adoptando una postura
antiabortista y de no reconocimiento de los derechos sexuales y (no) reprod=
uctivos.
El exmandatario argentino tuvo además la particularidad de oficiar como cre=
ador
de alianzas políticas con otros jefes de Estado de Latinoamérica, convencié=
ndolos
de adoptar una postura contraria al aborto en las Naciones Unidas. En el pl=
ano
local, las declaraciones públicas de rechazo a la legalización del aborto p=
or
parte del presidente Menem tuvieron como compensación el apoyo político de =
la
jerarquía eclesiástica. En diversas oportunidades, Menem se encargó de hacer
pronunciamientos antiabortistas que generaron certidumbre en la Iglesia cat=
ólica.
En 1994, y en vísperas de la celebración de la Conferencia de Población y
Desarrollo de El Cairo, Menem envió una carta a Juan Pablo II manifestando =
que
en la Argentina el aborto no iba a ser impulsado bajo ninguna opción (AICA, 11/5/1994). El mismo año, y en un discurso ofrecido en oca=
sión
del lanzamiento del Plan Materno Infantil, declaró que la vida comienza des=
de
el momento de la concepción y que el aborto debía ser considerado como un d=
elito
penal (AICA, 11/5/1994).
En
1994, Carlos Menem impulsó el proyecto de Reforma de la Constitución Nacion=
al
Argentina con el objetivo de ser reelecto como presidente para un segundo
mandato. Dicho escenario resultó propicio para la jerarquía de la Iglesia c=
atólica,
que procedió a presionar a los convencionales constituyentes, y al propio
Menem, para incorporar al Preámbulo de la Constitución Nacional la referenc=
ia a
Dios como fuente de toda razón y justicia, y para incluir en la nueva carta
magna una cláusula antiabortista. El escenario de la Reforma dio lugar a
sucesivas instancias de lobby político entre los obispos y los
asambleístas constituyentes, en especial con aquellos/as que pertenecían a =
la
corriente política del oficialismo. Rodolfo Barra, ministro de Justicia de =
la
Nación, fue uno de los principales operadores políticos del lobby de=
la
Iglesia (Página/12, 13/8/1994).=
El
hecho de incorporar una cláusula antiaborto al texto de la Constitución
Nacional significaba la posibilidad de evitar, en un futuro inmediato, toda=
posible
propuesta de ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Por =
su
parte, y en medio del debate de la Reforma, la Conferencia Episcopal Argent=
ina
(CEA) emitió un documento titulado =
En
favor de la vida, en el que se dirigía a los asambleístas constituyentes
para advertirles que «autorizando el aborto, el Estado introduciría el
principio que legitima la violencia contra el inocente indefenso y renuncia=
ría
a defender el derecho de los más débiles» (Comisión Permanente del Episcopa=
do
Argentino, AICA, 11/8/1994). En=
la
misma línea, durante una entrevista pública, el cardenal Antonio Quarracino=
–presidente
de la CEA– declaró que quienes quisieran promover el aborto en Argentina se=
rían
juzgados por la historia como «criminales» y «responsables de la matanza de=
niños
inocentes» (Clarín, 17/6/1994).=
La
postura asumida en contra del aborto permitió a Carlos Menem fortalecer sus=
vínculos
políticos con la jerarquía eclesiástica. Así, además de Antonio Quarracino,=
Menem
contó con el apoyo de obispos del ala más conservadora de la Iglesia católi=
ca, como
Raúl Francisco Primatesta, Juan Rodolfo Laise, Juan Carlos Maccarone, Héctor
Aguer y Alfonso Delgado, quienes veían al presidente como un estandarte de =
la
lucha antiabortista y un férreo defensor de la cultura católica. Sin embarg=
o, la
política económica neoliberal aplicada durante el menemismo –privatización =
de
las empresas públicas, desregulación económica, flexibilización laboral,
aumento del desempleo–generó la reacción de un sector importante de obispos=
que
resultaron críticos del Gobierno. Entre estos, obispos como Estanislao Karl=
ic,
Jorge Casaretto, Miguel Hesayne, Jorge Novak, Italo Di Stefano, Justo Lagun=
a y
Jaime De Nevares consideraban que la supuesta defensa del derecho a la vida,
impulsada por el propio Menem, resultaba un acto demagógico ycontradictorio=
con
el incremento de los índices de pobreza y el deterioro del bienestar de la
sociedad. A propósito de ello, el obispo de Viedma, Miguel Hesayne, envió u=
na
carta al presidente Menem en la que le increpaba no tener autoridad moral p=
ara
hablar en nombre del derecho a la vida cuando en Argentina preocupaban la
agudización de la desigualdad y el incremento de la pobreza (AICA, 5/1/1994).
El
objetivo de la Iglesia católica de incorporar al texto de la Constitución
Nacional una cláusula antiaborto fue finalmente fallido, producto de la
resistencia feminista y de la actitud de un grupo de convencionales constit=
uyentes
pertenecientes a la Unión Cívica Radical (UCR) y al Frente Grande, y de un
sector de mujeres del Partido Justicialista (PJ), entre las que se encontra=
ban Virginia
Franganillo, Marcela Durrieu y Juliana Marino. La avanzada de la Iglesia ca=
tólica
y de sectores políticos conservadores durante el escenario de la reforma
constitucional activó la movilización de colectivos feministas en las calle=
s.
En dicho año, se produjo la emergencia del colectivo de Mujeres Autoconvoca=
das
para Decidir en Libertad (Madel), un frente multisectorial conformado por
alrededor de 100 organizaciones de mujeres de diversos perfiles políticos,
provenientes de la militancia sindical y de organizaciones de base de la
sociedad civil. Desde Madel, se llevaron adelante una diversidad de accione=
s de
lucha para contrarrestar las presiones de la Iglesia católica en torno a la
clausura del debate por el aborto. Entre las más destacadas, se encuentran =
las movilizaciones
en la esfera pública, el lobby con los/las convencionales constituye=
ntes
y la publicación de solicitadas en los principales diarios del país con el
objeto de combatir los embates del fundamentalismo católico e instalar en la
opinión pública el aborto como una problemática de salud pública y de derec=
hos
humanos de las mujeres (Gutiérrez, 2002, 2009; Bellucci, 2014). En una nota=
publicada
en el diario Página/12, las
integrantes de Madel se dirigían al presidente Menem cuestionando su ignora=
ncia
encuanto a la situación de las mujeres que morían a causa de la clandestini=
dad
del aborto y que, producto de su penalización, eran coaccionadas a asumir u=
na
maternidad forzada y de riesgo.
En
conjunto con Madel, la Comisión por el Derecho al Aborto (Codeab) adquirió =
en
la década de 1990 un protagonismo central en la lucha por la legalización/d=
espenalización
del aborto. En 1991, las integrantes de la Codeab mantuvieron altercados co=
n el
presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Antonio Quarracino,
quien las había difamado acusándolas de corruptas y de promover el aborto c=
omo
negocio. Desde la Codeab respondieron a las descalificaciones del obispo re=
trotrayendo
a la memoria las complicidades de la Iglesia católica con la desaparición
forzada de personas durante la dictadura militar de 1976-1983. Tanto Madel =
como
la Codeab reclamaban al Estado la aplicación de políticas públicas que tuvi=
eran
por finalidad evitar la propagación de las muertes de mujeres por abortos
inducidos. En 1994, y en pleno contexto de la reforma constitucional, Dora =
Coledesky
–militante y referente de la Codeab– increpó al presidente Menem por su dob=
le moral
frente a la defensa de la vida, identificándolo como responsable de las mue=
rtes
de mujeres por abortos inseguros, el aumento de la pobreza y el
desmantelamiento del sistema público de salud debido a las consecuencias de=
su
política económica de gobierno.
En
1998, Carlos Menem firmó el Decreto 1406, que instauró en Argentina el 25 de
marzo como el Día del Niño por Nacer. Argentina fue un país pionero a nivel
mundial en celebrar dicho acontecimiento. La primera celebración oficial oc=
urrió
el 25 de marzo de 1999 en el teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires y
contó con la presencia de representantes de la jerarquía eclesiástica local=
e invitados
especiales como Bernard Law (arzobispo de Boston, Estados Unidos), Francisco
Gil Hellín (secretario del Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano)=
y
Renato Martino (observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones
Unidas). Participaron además representantes de organizaciones provida de La=
tinoamérica
y miembros de las Iglesias ortodoxas y cristianas, y de las religiones judí=
a y
musulmana. Además, Juan Pablo II envió una carta al presidente Menem expres=
ando
su reconocimiento por el compromiso asumido con la defensa de la vida de lo=
s no
nacidos. El mismo año, y en el marco de la conmemoración del Día Internacio=
nal
de la Mujer, la Codeab emitió un comunicado en el que se convocaba al
movimiento de mujeres a redoblar la lucha por la despenalización del aborto=
en
Argentina. En el documento, la Codeab criticabaa la Iglesia católica y a Ju=
an
Pablo II por sus connivencias políticas con las recientes dictaduras milita=
res
en Latinoamérica y sus hipocresías con la defensa de la vida (Codeab,
8/3/1999). En el mes de septiembre, y en una nueva solicitada en el diario =
Página/12, la entidad desestimó la
campaña antiabortista del presidente Menem haciendo alusión a declaraciones
públicas de su exesposa, Zulema Yoma, quien, en una entrevista reciente, ha=
bía
revelado que en el año 1969 había abortado con el consentimiento de su pare=
ja en
ese entonces (Página/12, 28/9/1=
999).
3. En búsqueda de la bendición cleri=
cal: las
posturas antiabortistas de Fernando De la Rúa (1999-2001) y Eduardo Duhalde
(2002-2003)
El tema del aborto no quedó ajeno a l=
as
elecciones presidenciales de 1999. Los principales candidatos a presidente =
de
la Nación, Fernando De la Rúa –en representación del espacio político de la
Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, una coalición política
entre la UCR y el Frepaso (que nucleaba un sector no oficialista del Partido
Justicialista [PJ] enfrentado con el menemismo)– y Eduardo Duhalde –del Par=
tido
Justicialista–, incluyeron en sus plataformas electorales su oposición a la=
interrupción
voluntaria del embarazo. Ambos candidatos procuraban hacer de su oposición =
al
aborto un nexo político con la jerarquía eclesiástica, al mismo tiempo que
pretendían buscar la adhesión del electorado católico. En vísperas del día =
de
las elecciones, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en conjunto con l=
a Santa
Sede, organizó en la Ciudad de Buenos Aires el III Encuentro de Legisladore=
s y
Políticos de América Latina. Tanto De la Rúa como Duhalde fueron invitados a
participar, y el aborto fue uno de los temas principales de la jornada. Ant=
e la
presencia de los miembros del clero, el candidato de la Alianza hizo explíc=
ito
su rechazo a la legalización del aborto y al matrimonio entre personas del
mismo sexo, a la vez que señaló que el apoyo económico a las mujeres
embarazadas sería uno de los principales ejes de su gobierno (La Nación, 5/08/1999). Lo mismo hi=
zo el
candidato por el PJ, quien manifestó su compromiso de mantener a la Argenti=
na
en el camino de la defensa de la familia y la vida, tanto en el plano nacio=
nal
como en el internacional, y en coincidencia con el Vaticano (Página/12, 7/8/1999).
La
postura de Fernando De la Rúa no significó hegemonía en el interior del esp=
acio
político de la Alianza, donde figuras como Alfredo Bravo y Graciela Fernánd=
ez
Meijide se declararon públicamente a favor de legalizar la interrupción vol=
untaria
del embarazo. Esta última había participado como convencional constituyente=
en
1994 y había sido una de las opositoras al proyecto del menemismo y de la
Iglesia católica para incorporar al texto de la Constitución Nacional una
cláusula antiabortista. Los candidatos del PJ intentaron capitalizar las
diferencias en el interior de la Alianza con el objeto de competir por el a=
poyo
del poder eclesiástico. En este sentido, el entonces contrincante de Fernán=
dez Meijide
por la gobernación de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, no tardó en calificarla=
como
enemiga de los dogmas de la Iglesia católica y como «propiciadora del asesi=
nato
de bebés en el vientre materno» (Pá=
gina/12,
7/8/1999).
Fernando
De la Rúa resultó ganador de las elecciones presidenciales de 1999 y el tema
del aborto fue motivo de disidencias entre los/as integrantes de su Gobiern=
o. Pero
la discusión no solo pasaba por el tema del aborto, sino también por el imp=
ulso
del proyecto de Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que generó la
reacción de la Iglesia católica y de obispos como Jorge Luis Lona, quien ad=
vertía
sobre los riesgos que dicha propuesta legislativa suponía en términos de la=
propagación
de la «cultura de la muerte: aborto y anticoncepción» (Jorge Luis Lona, obi=
spo
de San Luis, AICA, 10/5/2001). Pese a las presiones de la Iglesia ca=
tólica,
en 2001, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto =
de Ley
de Salud Sexual y Procreación Responsable, que finalmente fue tratada y
aprobada por el Senado en el año 2002. Envuelto en un escenario de crisis
social e institucionalidad política, Fernando De la Rúa renunció a la
presidencia en diciembre de 2001[3].
Eduardo
Duhalde asumió como presidente transicional y durante su gestión convocó a =
la
conformación de la Mesa del Diálogo Argentino, un espacio integrado por
representantes de distintos sectores sociales con el propósito de arribar a
acuerdos estratégicos para afrontar la crisis social y política por la que
transitaba el país. La Iglesia católica fue convocada a participar de dicha
mesa en un acto de reconocimiento del Gobierno como institución clave de la
sociedad argentina y como hacedora del consenso nacional frente al desprest=
igio
de la dirigencia política (Martín, 2008; Amegeiras, 2008). Pese a sus
acercamientos, la relación entre el Gobierno y la Iglesia no estuvo exenta =
de
tensiones. Duhalde designó a cargo del Ministerio de Salud de la Nación a G=
inés
González García, quien, junto con Hilda Beatriz Duhalde, promovió la sanció=
n de
la ley que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsa=
ble
(Ley 25673). Dicha acción de gobierno fue cuestionada por los obispos y por=
el Consorcio
de Médicos Católicos, quienes consideraban que los objetivos de la ley supo=
nían
una legalización encubierta del aborto (AICA,
3/12/2002). La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable incluía medidas
tendientes a reducir los índices de morbimortalidad materno-infantil, preve=
nir
embarazos no deseados, promover la salud sexual en la adolescencia, contrib=
uir
a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual (V=
IH/sida
y patologías genitales y mamarias), y potenciar la participación femenina e=
n la
toma de decisiones relativas a su salud sexual y (no) reproductiva.
=
La
Iglesia católica intentó obstruir la Ley de Salud Sexual y Procreación
Responsable y su posterior aplicación. Las autoridades de la Conferencia
Episcopal Argentina (CEA) se opusieron a la entrega gratuita de métodos ant=
iconceptivos
en los establecimientos públicos de salud, a la vez que exigieron el
reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales=
de
la salud que estuvieran en desacuerdo con la implementación de dicha legisl=
ación
(AICA, 31/10/2002). Los obispos
consideraban que el propósito antinatalista de la ley era una de las
estrategias del Gobierno para salir de la crisis económica y social, y para
cumplir con las exigencias de los organismos internacionales de crédito
respecto del control poblacional. El obispo Guillermo Rodríguez Melgarejo, =
secretario
general de la CEA, envió una carta pública al ministro de Salud de la Nació=
n,
Ginés González García, para repudiar y manifestar su desacuerdo con la
inclusión, dentro del programa, de métodos contraceptivos como el DIU (disp=
ositivo
intrauterino), la llamada anticoncepción de emergencia (píldora del día
después), la ligadura de trompas y la vasectomía, estas últimas consideradas
como «mutilaciones del organismo humano contrarias a la moral que exige la
preservación de la persona en su integridad natural» (AICA, 17/10/2002). En la carta, el obispo Rodríguez Melgarejo
demandaba de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia de los
profesionales de la salud y, en sintonía con la Corporación de Abogados
Católicos, consideraba que dicha disposición jurídica implicaba la intromis=
ión
estatal en el ámbito privativo de la familia, invadiendo el derecho y la
potestad de los padres a la información y orientación de sus hijos/as en te=
mas
de sexualidad. Esto, considerando que la Ley de Salud Sexual y Procreación =
Responsable
tenía como destinatario principal a la población adolescente para la provis=
ión
de conocimientos y recursos vinculados al cuidado en las relaciones sexuale=
s y la
prevención de embarazos no deseados.
Héctor
Aguer, arzobispo de la Ciudad de La Plata, fue uno de los principales
opositores al ministro de Salud de la Nación y al Programa de Salud Sexual =
y Procreación
Responsable, pues consideraba que se trataba de la difusión de métodos
anticonceptivos con fines abortivos (La
Nación, 31/10/2002). Tras las presiones constantes ejercidas, la Iglesi=
a católica
logró que dicho programa no fuera efectuado de manera obligatoria en los ce=
ntros
de salud confesionales, y que las instituciones educativas de adscripción
religiosa no estuvieran exigidas a impartir conocimientos sobre salud sexua=
l a
sus estudiantes (Página/12,
20/1/2003). Organizaciones civiles vinculadas a la Iglesia católica, como
Portal de Belén (Córdoba), la Asociación Familia y Vida (Tucumán) y el
Consorcio de Médicos Católicos (Capital Federal), presentaron amparos
judiciales contra el Ministerio de Salud de la Nación con el objeto de exig=
ir a
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) =
la
prohibición de la venta y distribución de anticonceptivos hormonales de
emergencia –píldora del día después– y reclamar ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJN) la invalidación del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable en todo el territorio nacional. Dichas ape=
laciones
fueron dejadas sin efecto por la CSJN. Para Ginés González García, se trata=
ba de
la acción de «fanáticos religiosos» que tenían por interés «voltear leyes y
políticas de salud» que contribuían a empoderar a las mujeres del derecho a
decidir sobre su sexualidad y autonomía (no) reproductiva (La Nación, 7/9/2003). Los procesos de judicialización fueron el=
modus
operandi de la jerarquía eclesiástica y de las ONG provida con la inten=
ción
de obstaculizar el funcionamientos de programas y políticas públicos favora=
bles
al ejercicio de los derechos sexuales y (no) reproductivos en Argentina.
4. (Des)encuentros. La Iglesia catól=
ica y
los debates por el aborto durante las presidencias de Néstor Kirchner
(2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015)
En 2003, Néstor Kirchner asumió como presidente de Argentina en
representación del Frente para la Victoria (FPV), una coalición política
integrada mayoritariamente por referentes del PJ. A los pocos meses de ocup=
ar su
cargo en el Poder Ejecutivo de la Nación, Kirchner recibió en la Casa Rosad=
a la
visita de la conducción de la CEA. En la reunión participaron los obispos E=
duardo
Mirás (arzobispo de Rosario), Jorge Bergoglio (arzobispo de Buenos Aires),
Domingo Castagna (arzobispo de Corrientes) y Sergio Fenoy (obispo auxiliar =
de
Rosario). Durante el encuentro, Nestor Kirchner reconoció con beneplácito la
labor social que llevaba adelante la Iglesia católica con los sectores más
vulnerables, pero, al mismo tiempo, remarcó a los obispos que dicha institu=
ción
debía «ser rectora de sus pensamientos y no de las acciones del Estado» (La Nación, 7/8/2003). Las declarac=
iones
de Kirchner generaron disconformidad en el poder eclesiástico y, con el tie=
mpo,
la relación entre el Gobierno y la jerarquía de la Iglesia se fue tornando =
de
conflicto y distanciamiento. Kirchner optó, en cambio, por la interlocución=
y
el acercamiento político con sectores progresistas del catolicismo vinculad=
os
al trabajo con sectores populares –los denominados «curas villeros»–. Entre=
los
aspectos centrales de su Gobierno caben destacar la revalorización de los d=
erechos
humanos como política de Estado (Lvovich &
Bisquert, 2008; Barros, 2009; Andriotti Ro=
manin,
2014), la construcción de un liderazgo político con base en la memoria de la
resistencia combativa de la década de 1970 en Argentina (Montero, 2012) y l=
a articulación
política con organizaciones sociales de matriz nacional y popular enfrentad=
as
con el modelo económico neoliberal (Pérez & Natalucci, 2010; Schuttenbe=
rg,
2011; Perelmiter, 2012).
El aborto y=
los
derechos sexuales y (no) reproductivos fueron puntos de tensión entre el Go=
bierno
de Néstor Kirchner y la Iglesia católica. En el año 2004, el expresidente s=
e había
manifestado en contra del aborto, pero sosteniendo que en su Gobierno exist=
ía libertad
de conciencia para quienes militaran y estuvieran a favor de su legalizació=
n. Las
declaraciones de Kirchner se habían producido tras los cuestionamientos de =
las
autoridades de la Iglesia católica a los pronunciamientos del ministro de S=
alud
de la Nación, Ginés González García, quién había opinado sobre la importanc=
ia
de avanzar en una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tal afirmaci=
ón
generó malestar en los obispos y, en particular, en el cardenal Renato Mart=
ino –presidente
del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del Vaticano–, que se encontraba de
visita en el país. Dicha controversia estuvo precedida de un cruce de
acusaciones entre González García y el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, por el impulso de la educación sexual en las
escuelas y por la distribución gratuita de profilácticos a la población ado=
lescente
en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable=
(Clarín, 27/11/2004).Otra de las
confrontaciones que se evidenciaron en el mismo año entre el Gobierno y la
Iglesia católica ocurrió a raíz de las postulaciones de Carmen Argibay y El=
ena
Highton de Nolasco para ocupar cargos vacantes en la Corte Suprema de Justi=
cia
de la Nación (CSJN). Ambas juristas, propuestas por el Poder Ejecutivo, fue=
ron
objeto de campañas políticas de detracción por parte de los obispos y entid=
ades
como la Corporación de Abogados Católicos, por su adhesión a la
legalización/despenalización del aborto y, en el caso de Argibay, por su
condición de feminista y atea militante.
En 2005,un nuevo conflicto entre el Gobierno y la Iglesia=
católica
tuvo otra vez como protagonista a Ginés González García. Este había vuelto a
plantear el aborto como una problemática de salud pública que requería de la
intervención del Estado: «Si el aborto se hubiera despenalizado, muchas de =
esas
mamás que no concurren al médico, o que llegan al borde de la vida, se
salvarían» (Ginés González García, =
Página/12,
14/2/2005).En consecuencia, el obispo Antonio Baseotto=
–vicario castrense– envió una carta al ministro de Salud para advertirle que
sus dichos incurrían en la apología del delito de homicidio contra los no
nacidos. Además, lo cuestionaba por inducir a los/as jóvenes a una «vida se=
xual
prematura» al facilitarles el acceso a profilácticos y métodos anticoncepti=
vos
que derivarían en el «libertinaje sexual». Su condena, en términos bíblicos=
, lo
consideraba merecedor de que «le cuelguen una piedra de molino al cuello y =
lo
tiren al mar» (AICA, 17/2/2005)=
. Semanas
antes del entrecruzamiento con Baseotto, Gonzál=
ez García
había mantenido discrepancias con el obispo Héctor Agu=
er,
quien sostenía que el proyecto de educación sexual en las escuelas tendía a
promover la «corrupción sexual y la promiscuidad» en los/as adolescentes, y=
que
el uso del preservativo no resultaba un método infalible para evitar el
contagio del virus del VIH/sida (La
Nación, 4/11/2005). Por su parte, los obispos Carmelo Giaquinta
–Resistencia (Chaco)– y Luis Stöckler –Quilmes
(Buenos Aires)– se acoplaron a las declaraciones de Ba=
seotto
y Aguer e incitaron a la desobediencia civil de=
la
feligresía católica ante el inminente avance del proyecto de Ley de Educaci=
ón
Sexual Integral (AICA, 6/11/200=
5).
Las
declaraciones del obispo Antonio Baseotto en la=
s que
sugiere arrojar al mar al ministro de Salud fueron repudiadas desde las esf=
eras
del Gobierno. Para Néstor Kirchner, las afirmaciones del prelado resultaban=
una
apoteosis de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el período de=
terrorismo
de Estado en la Argentina (1976-1983), cuando miles de los hoy desaparecidos
eran adormecidos y lanzados desde aviones de las Fuerzas Aéreas a las
profundidades del Río de la Plata en los llamados «vuelos de la muerte» (La Nación, 19/3/2005). La organiza=
ción
Madres de Plaza de Mayo se solidarizó con Ginés González García, y se sumó
además el apoyo de un sector del catolicismo disidente, como Católicas
por el Derecho a Decidir, identificado con el feminismo y crítico del
patriarcado en la Iglesia católica. Néstor Kirchner
En 2006, se
produjeron nuevos enfrentamientos entre la Iglesia católica y el presidente
Néstor Kirchner debido a la ratificación que el Gobierno argentino hizo del
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Fo=
rma
de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Para=
los
obispos, la validación de dicho protocolo significaba dar lugar a las
recomendaciones de los organismos internaciones de legalizar el aborto en
Argentina. Asimismo, otro frente de conflicto entre el Gobierno y la Iglesia
surgió a raíz de la sanción de la ley que dio origen al Programa de Educaci=
ón
Sexual Integral (ESI) en las escuelas (Ley 26150). Los contenidos de dicha
legislación fueron cuestionados por la jerarquía eclesiástica por entender =
que
resultaban violatorios del derecho de las familias de instruir a sus hijos =
en
temas de sexualidad. Para la CEA, el Estado solo debía tener un rol subsidi=
ario
en la educación sexual, y era obligación de este respetar el derecho natura=
l e
inalienable de los padres de elegir para sus hijos/as una educación sexual =
de
acuerdo con sus principios y creencias (AICA,
6/1/2006). Durante los días de discusión y posterior votación de la Ley de =
ESI
en el Congreso de la Nación, los obispos se encargaron de enviar mensajes
personalizados a los/as diputados/as y senadores/as con el objeto de evitar=
su
aprobación. Históricamente, en Argentina, la Iglesia católica tuvo injerenc=
ia
en la definición de los contenidos educativos, y la ESI suponía la posibili=
dad
de romper con dichas injerencias (Esquivel, 2013). Para el Gobierno kirchne=
rista,
la educación sexual integral resultaba una herramienta social necesaria, en
cuanto estaba orientada a optimizar los propósitos del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable. En el plano parlamentario, fueron
impulsores de dicha ley refrentes del FPV, pero también de la UCR y del Par=
tido
Socialista.
Durante 200=
7, el
Ministerio de Salud de la Nación puso en funcionamiento la Guía Técnica de
Atención Integral de los Abortos No Punibles. Dicha guía se caracterizó por=
ser
un instrumento público aplicado a la regulación y el establecimiento de pau=
tas
para la atención sanitaria de casos de interrupción legal del embarazo.Mediante tal dispositivo, el Gobierno procur=
ó reducir
la existencia de barreras institucionales que obstruyeran el acceso a los
abortos en los hospitales públicos por causales de salud o abuso sexual, y =
a la
vez minimizar los riesgos para la salud y la vida de las mujeres, favorecie=
ndo una
atención segura y de calidad de los abortos legales contemplados por el art=
ículo
86 del Código Penal de la Nación. La figura de González García se convirtió=
en
un nexo entre el Estado y las organizaciones feministas nucleadas en la Cam=
paña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito puesto que coinc=
idían
en la necesidad de avanzar en la elaboración de herramientas que garantizar=
an
el acceso a la práctica del aborto y en su tratamiento como una problemátic=
a de
salud pública[4].
La puesta en marcha de dicho protocolo recrudeció la relación entre el Gobi=
erno
de Kirchner y la Iglesia católica, y obispos como Héctor Aguer
se referían a dicha normativa como a un «permiso para matar» y un autoritar=
ismo
sobre el ejercicio de la práctica médica (AICA,
14/4/2007)[5=
].
El
10 de diciembre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner asumió como preside=
nta
de Argentina. Su primer enfrentamiento con la Iglesia católica ocurrió en e=
l año
2008, a raíz del conflicto que su Gobierno tuvo con las entidades agropecua=
rias
por la retención impositiva a la exportación de cereales (Giarraca &
Teubal, 2011). El entonces arzobispo de Buenos Aires, y máxima autoridad de=
la CEA,
Jorge Bergoglio, había reclamado a la presidenta que tuviera un «gesto de
grandeza» que le permitiera destrabar la situación de conflicto con el
mencionado sector. Néstor Kirchner salió en defensa de la mandataria
cuestionando al propio Bergoglio por sus alegatos y afirmando que «los que
piden gestos de grandeza, abogan por las desigualdades» (La Nación, 5/6/2008). En 2010, el conflicto con la Iglesia cató=
lica
se profundizó tras la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario entre
personas del mismo sexo (Ley 26618), lo cual significó el reconocimiento le=
gal por
parte del Estado hacia las parejas gay-lésbicas y la eliminación de la
influencia religiosa en la regulación de la institución del matrimonio (Vag=
gione
& Jones, 2015; Biglieri, 2013; Hiller, 2017). Para los
obispos, la aprobación de dicha ley suponía la alteración del orden jurídico
argentino y la «subversión de la naturaleza biológica del matrimonio» (Jorge
Luis Lona, obispo de San Luis, AICA=
,
17/6/2010). Otro de los altercados entre el Gobierno de Cristina Fernández =
y la
jerarquía eclesiástica se dio en 2012 ante la aprobación de la Ley de Ident=
idad
de Género (Ley 26743), que reconoce el derecho de las personas a modificar =
su
nombre de acuerdo con su identidad de género autoperci=
bida
y acceder a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales de reasign=
ación
de sexo.
No obstante=
, en
varias oportunidades, Cristina Fernández manifestó su rechazo a la legaliza=
ción
del aborto. Su primera afirmación pública sobre el tema ocurrió en 2003,
mientras se desempeñaba como senadora nacional. En esa oportunidad, se
encontraba de gira internacional en la ciudad de París y, ante la consulta =
de una
periodista francesa sobre los derechos humanos de las mujeres y la
despenalización del aborto en Argentina, respondió de manera contundente: «=
Yo
no soy progre, soy peronista. El problema es que no lo entienden. [...]
Además de l=
os
consensos creados alrededor del aborto, otro de los puntos de confluencia e=
ntre
la Iglesia y el Gobierno de Cristina Fernández giró en torno a la reforma d=
el
Código Civil y Comercial de la Nación en 2014. Entre las concesiones realiz=
adas
por el Gobierno a las exigencias de los obispos, se destaca la permanencia =
del art.
19, que establece el reconocimiento de la persona humana desde la concepció=
n, y
la prohibición de la gestación por sustitución (alquiler de vientres). El G=
obierno
de Cristina Fernández, si bien tuvo la particularidad de avanzar en polític=
as y
legislaciones vinculadas a la ampliación de los derechos de ciudadanía en
materia de género, no contó, entre los temas de su agenda, con la legalizac=
ión
del aborto. Esto último generó el cuestionamiento de un sector importante de
las organizaciones feministas, quienes la consideraron cómplice de los inte=
reses
de la Iglesia católica y responsable de la reproducción de muertes maternas=
por
abortos clandestinos.
5. La Iglesia católica y=
el debate
por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) durante la preside=
ncia
de Mauricio Macri (2018)
Mauricio Macri asumió como presidente=
de
Argentina el 10 de diciembre de 2015, imponiéndose en elecciones al candida=
to
del entonces partido gobernante, Daniel Scioli, del Frente Para la Victoria
(FPV). El triunfo de Macri se caracterizó por ser la primera vez en la hist=
oria
del país que una coalición partidaria de centroderecha, como Cambiemos, log=
raba
alcanzar la presidencia. Se trató de la primera conquista electoral de un
candidato que no pertenecía a los espacios políticos tradicionales del PJ y=
la
UCR, que en 2005 había fundado un frente partidario propio, autodenominado
Propuesta Republicana (PRO). Este tuvo la particularidad de emerger en el
contexto de la crisis de representación política de 2001 y, desde sus inici=
os,
estuvo conformado por actores provenientes del mundo empresarial privado y =
de organizaciones
no gubernamentales (Vommaro, 2014; Morresi & Vommaro, 2014; Bohoslavsky=
&
Morresi, 2016). Tras ser electo en dos oportunidades (2007 y 2011) como jef=
e de
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2015, Mauricio Macri par=
ticipó
y triunfó en las elecciones a presidente de la Nación representando a la
coalición política Cambiemos, la cual estuvo conformada por el mismo PRO, la
Coalición Cívica ARI y un sector de centroderecha de la dirigencia de la UC=
R[7].
Desde
sus inicios en la política, la relación entre Macri y la Iglesia católica f=
ue
de distanciamiento. Durante su etapa como jefe de gobierno de la Ciudad Aut=
ónoma
de Buenos Aires, su vínculo personal con Jorge Bergoglio estuvo atravesado =
por
constantes desencuentros, producto de las críticas del prelado al capitalis=
mo
neoliberal y su simpatía ideológica con el peronismo. Previamente al balota=
je
de la elección presidencial de 2015, el Sumo Pontífice recibió en el Vatica=
no la
visita de Cristina Fernández, junto con el candidato del FPV Daniel Scioli.=
La
concreción de dicha visita generó malestar en la dirigencia de Cambienos, q=
uienes
consideraron que se trataba de un apoyo político del prelado hacia el candi=
dato
del kirchnerismo. Como contrarrespuesta, el asesor político de campaña de
Macri, Jaime Durán Barba, declaró ante la prensa que «lo que diga o haga un
Papa no cambia el voto ni de diez personas, aunque sea argentino o sueco»,
agregando que, durante el gobierno de Cambiemos, «el aborto será legalizado=
en
Argentina» (Clarín, 19/11/2015)=
. Tales
afirmaciones fueron interpretadas como una provocación por parte de la
jerarquía eclesiástica local, aunque inmediatamente, en 2016, el propio Mac=
ri
se encargó de aclarar ante la prensa que el aborto no sería legalizado dura=
nte
su presidencia: «Hay que defender la vida. Conmigo, despenalización del abo=
rto
no, ni pensarlo» (Perfil, 3/8/2=
016).
Por
ello, la decisión de Mauricio Macri de habilitar el debate por la legalizac=
ión
del aborto en 2018 tomó por sorpresa a la Iglesia católica. En un principio=
, la
actitud de los obispos fue moderada, pues interpretaron que se trataba de u=
na
operación política del Gobierno para invisibilizar la crisis social y econó=
mica
del país, producto del aumento de la inflación y el incremento de la pobrez=
a y los
índices de desocupación. Pese a los vaticinios de la Iglesia, el Proyecto de
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) –presentado por séptima v=
ez
por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito– =
prosperó
a nivel político, logrando alcanzar tratamiento parlamentario y obteniendo =
media
sanción en la Cámara de Diputados de la Nación: 129 votos a favor, 125 en
contra y 1 abstención. Desde el poder eclesiástico, responsabilizaron al
presidente Macri por instalar dicho debate en la agenda pública, mientras q=
ue
en el interior del espacio dirigencial de Cambiemos existió heterogeneidad =
de
posiciones entre quienes se pronunciaron de manera positiva o negativa resp=
ecto
al aborto. Una vez avanzado el tema, la estrategia política de Mauricio Mac=
ri
fue la de posicionarse en terreno neutral, aunque, en oportunidades, se enc=
argó
de hacer circular la versión de que, de aprobarse la ley, sería vetada por =
el Poder
Ejecutivo. A su vez, desde el Gobierno, la vicepresidenta de la Nación,
Gabriela Michetti, asumió una postura tajante y clara al manifestarse en co=
ntra
del aborto, al que consideraba una práctica ilícita hasta en los casos de a=
buso
sexual: «Lo que tiene una mujer adentro de su cuerpo no es su cuerpo porque
tiene un ADN diferente al del papá y al de la mamá. Ningún ser humano puede
decidir sobre la vida de otro» (La =
Nación,
10/6/2018).
El
proyecto de Ley de IVE contó con el respaldo de legisladores/as de distintos
bloques partidarios, entre ellos/as, Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda
Austin (UCR), Mónica Macha (FPV), Romina del Plá (Partido Obrero / Frente de
Izquierda de los Trabajadores) y Daniel Lipovetzky (PRO). Previamente a la
votación en Diputados, se realizaron reuniones de comisiones para las que se
convocó a profesionales de la ciencia y técnica, expertos de las ciencias
jurídicas, médicos/as e investigadores/as de las universidades públicas y
privadas del país, con el propósito de debatir de modo integral los objetiv=
os de
la ley. Quienes se anunciaron a favor, desarrollaron argumentos con base en=
la
necesidad de tratamiento del aborto como una problemática de salud pública,=
la urgencia
de disminuir las estadísticas de mortalidad materna por abortos inseguros y=
la
importancia de modernizar el marco jurídico que regula el aborto en Argenti=
na.
Por el contrario, quienes se manifestaron en contra, lo hicieron mediante
argumentos centrados en la protección jurídica del derecho a la vida del fe=
to
desde la concepción, la criminalidad del aborto, y la colisión de derechos
entre el embrión/feto y la mujer que decide abortar. Los debates con expert=
os continuaron
posteriormente en la Reunión Plenaria de las Comisiones de Salud, Justicia y
Asuntos Penales y Constitucionales del Senado de la Nación, con anteriorida=
d a su
tratamiento y votación en la Cámara Alta[8].
La
votación de la Ley de IVE en el Senado de la Nación tuvo como resultado su =
denegación:
38 votos a favor y 31 en contra. Semanas antes, numerosos obispos reclamaro=
n a
los/as legisladores/as que se pronunciaran en contra de la propuesta de ley=
, en
una actitud muy distinta a lo que había sido la postura endeble de la Igles=
ia católica
durante el descenlace en Diputados. En esta oportunidad, la estrategia de l=
os
obispos fue acudir a la presión y el lobby político con los gobernad=
ores
y representantes legislativos de las provincias del interior del país para
exhortarlos a optar por el voto negativo. Históricamente, en Argentina, la =
Cámara
de Senadores se identifica como un ámbito conservador en materia de derecho=
s de
género. Por ello, en vísperas de la votación de la ley en la Cámara Alta, l=
os
obispos emitieron comunicados y brindaron homilías en sus respectivas provi=
ncias
exigiendo la actitud y compromiso de los/as senadores/as con el derecho a la
vida de los no nacidos: «No cedan ante la falacia de elegir entre una vida y
otra, entre un derecho y otro, entre una persona y otra» (Ángel Macín, obis=
po
de Reconquista, Santa Fe, AICA,
2/8/2018).
2018
fue un año histórico para el feminismo en Argentina, no solo por ser la pri=
mera
vez que se logró discutir a nivel parlamentario un proyecto de ley de
interrupción voluntaria del embarazo, sino también por la movilización masi=
va que
se observó en las calles en acompañamiento a las iniciativas de la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Se trató de un
escenario clave para el movimiento feminista, tal como lo habían sido las r=
ecientes
manifestaciones de Ni Una Menos contra
los femicidios en 2015 y el Paro Internacional de Mujeres en 2016. Desde sus
inicios, en 2005, la Campaña Nacional adoptó el pañuelo verde como símbolo =
iconográfico
de la lucha por la legalización del aborto en Argentina y, durante los días=
del
debate en Diputados y Senadores, sucesivas manifestaciones ocurrieron en to=
do
el país en lo que se autodenominó la «marea verde» y los «pañuelazos». Como
contraofensiva, los obispos incitaron a la comunidad de creyentes laicos a
manifestarse en contra del aborto y organizarse en manifestaciones públicas=
en
contra de la ley: «Esto no implica una espera pasiva mientras otros deciden=
. Es
importante participar de todas las convocatorias a las diversas manifestaci=
ones
que ayuden a expresar el rechazo al aborto» (Jorge Eduardo Lozano, arzobisp=
o de
San Juan de Cuyo, AICA, 5/8/201=
8).
Al
igual que en Latinoamérica y en distintos países a escala transnacional, en
Argentina, los grupos provida comprenden una red de actores interreligiosos
cuyo protagonismo se fue incrementando en las últimas décadas a medida que =
se
puso en discusión el reconocimiento de los derechos sexuales y (no) reprodu=
ctivos
(Vaggione, 2017; Gudiño Bessone, 2017a; Morán Faúndes y Peñas Defago, 2015)=
. Durante
los días del debate por la ley de IVE, dichos grupos intensificaron su
presencia en la esfera pública, y se realizaron diversas movilizaciones cal=
lejeras
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en provincias del interior =
del
país, como Tucumán, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba. La
adopción del pañuelo celeste con la inscripción de la consigna «Salvemos las
dos vidas» fue parte de la performance de las movilizaciones y prote=
stas
de los grupos antiabortistas en el espacio público, y en dichas manifestaci=
ones
participaron tanto actores de adscripción católica como de las Iglesias
evangélicas. Las alianzas entre actores católicos y evangélicos en
contraposición a la Ley de IVE y articulados en espacios políticos como Uni=
dad
Provida permiten dar cuenta de los impactos que, en el transcurso de la
democracia, los movimientos feministas y de la diversidad sexual generaron
sobre el campo de lo religioso en términos de su reconfiguración, su
reposicionamiento, su dinámica y su desplazamiento de sentidos. Los actores
religiosos son sujetos políticos que intervienen de manera activa en la are=
na
democrática. Mientras tanto, en los últimos tiempos, la proliferación de
colectivos y organizaciones «provida» en Argentina se ha convertido en una
manifestación de cómo las propias religiones se van reinventando en la crea=
ción
de núcleos de participación ciudadana que tienen por objetivo la defensa de=
una
moral sexual religiosa enemistada con la «ideología de género», los cuales
resultan claves en el sostenimiento de una agenda conservadora, heteronorma=
tiva
y desfavorable a la ampliación de la ciudadanía sexual.
El
debate por la Ley de IVE contribuyó a profundizar la relación de
distanciamiento entre Mauricio Macri y la Iglesia católica, y quienes denot=
aron
una mayor actitud crítica hacia el presidente fueron un sector de la jerarq=
uía
eclesiástica local próxima al papa Francisco. Seguidamente, un sector de la
dirigencia política y sindical opositora al Gobierno de Macri hizo público =
su
rechazo a la legalización del aborto y participó en una misa por la vida co=
nvocada
por el obispo Oscar Ojea –presidente de la CEA– en la basílica de Luján. En
representación del sindicalismo, se hicieron presentes figuras como Hugo Mo=
yano
(líder del Sindicato de Camioneros) y Hugo Yasky (secretario general de la
Central de Trabajadores de la Argentina, CTA), mientras que, por parte del =
kirchnerismo,
asistieron los diputados nacionales Daniel Scioli y Fernando Espinoza. Pese=
a
sus reiterados y conocidos posicionamientos en contra del aborto, la propia
Cristina Fernández había votado a favor de la Ley de IVE en su rol como sen=
adora
nacional. Sin embargo, a los pocos meses de asumir dicha decisión, Fernánde=
z llamó
a la unidad entre quienes estuvieran a favor y en contra del aborto, con el=
fin
de derrotar al Gobierno de Cambiemos, en un gesto político por no claudicar=
en su
relación con la jerarquía eclesiástica y un intento por conservar el voto d=
el
electorado católico y evangélico de cara a las elecciones presidenciales de
2019: «La división no puede ser entre los que rezan y no rezan. Es una mala
división que no es nacional ni popular. En nuestro espacio político hay
pañuelos verdes y celestes. Tenemos que aprender a aceptar eso» (Cristina
Fernández, La Nación, 19/11/201=
8). En
síntesis, lo que quedó demostrado con la denegación de la Ley de IVE en 201=
8 es
el lugar gravitante que continúa ocupando la Iglesia católica en la política
argentina y sus injerencias determinantes en la definición de las políticas=
de
Estado.
6. Conclusiones
En
Argentina, en democracia, los conflictos por el reconocimiento de los derec=
hos
sexuales y (no) reproductivos y la legalización/despenalización del aborto =
tuvieron
entre sus principales actores a la Iglesia católica y a las organizaciones
feministas. La primera se caracterizó por sus constantes presiones al Estad=
o en
su intento por obstruir legislaciones favorables a estos conflictos, en un
claro intento por resguardar la moral sexual católica como principio normat=
ivo
e ideológico de ordenamiento cultural de la Nación. Las organizaciones
feministas, en cambio, se abocaron a la lucha colectiva en la esfera pública
para demandar la concreción de un Estado laico que garantice la no intromis=
ión
de los dogmas religiosos en la vida sexual y (no) reproductiva de las perso=
nas,
y que atienda el aborto como un derecho de ciudadanía y una problemática de
salud pública que afecta a las mujeres.
El
aborto y los derechos sexuales y (no) reproductivos no fueron tratados del
mismo modo por los distintos Gobiernos democráticos en Argentina y, la mayo=
ría
de las veces, estuvieron supeditados a las intrusiones de la Iglesia católi=
ca y
sus influencias sobre el Estado. Hubo momentos en los que la relación
conflictiva entre la Iglesia católica y los Gobiernos permitió avances en
materia legislativa sobre los derechos a la autonomía sexual y (no)
reproductiva de las mujeres, y otros en los que la hibridación entre lo
político y lo religioso interceptó dicha posibilidad.
El
objetivo de este artículo fue abordar las distintas etapas de conflicto y/o=
proximidades
entre el poder político y eclesiástico en Argentina, desde la transición
democrática en 1983 hasta el debate por la Ley de IVE en 2018 durante la
presidencia de Mauricio Macri. En líneas generales=
,
la intención fue mostrar las tramas
vinculares entre lo político y lo religioso y sus incidencias en la denegac=
ión
de los derechos sexuales y (no) reproductivos. El artículo pretendió contri=
buir
a entender el lugar que ocupan las instituciones religiosas en la política
argentina, y comprender los modos en que las políticas de Estado han perman=
ecido
por momentos permeables a las intromisiones de la Iglesia católica. Desde e=
l retorno
del Estado de derecho en 1983, los conflictos sobre la ampliación y
reconocimiento de los derechos a la ciudadanía sexual fueron ejes centrales=
de
la dinámica de la democracia, y la Iglesia católica se caracterizó por su
constante oposición al tema (Pecheny, Jones, & Ariza, 2016).
El
reciente debate por la Ley de IVE significó un escenario de oportunidades p=
ara
las organizaciones feministas de Argentina, en tanto que les permitió demos=
trar
su capacidad de movilización y convocatoria, e instalar en la agenda políti=
ca y
social el aborto como una problemática de salud pública y un derecho a la
autonomía sexual y (no) reproductiva de las mujeres. La denegación de dicho
proyecto de ley no hizo más que demostrar el arraigo confesional y conserva=
dor
de una mayoría de la dirigencia política argentina, y el condicionamiento q=
ue continúa
ejerciendo la jerarquía eclesiástica sobre las decisiones de Estado. Como
plantean en sus análisis Fortunato Mallimaci (2015) y Juan Cruz Esquivel (2=
015),
lo que prevalece en la cultura política argentina es la interconexión entre=
los
principios y dogmas del catolicismo con la definición de las legislaciones,=
las
políticas públicas y la construcción de los sentidos de la normatividad
jurídica. Sin embargo, el tratamiento parlamentario por la legalización del
aborto despertó el debate por la laicidad del Estado y planteó la discusión
sobre la relación entre la política, la religión y la democracia (Felitti &=
amp;
Prieto, 2018). Esto último teniendo en consideración el contexto sociopolít=
ico actual
de proliferación de demandas para la legalización del aborto, que permite
visibilizar y poner en cuestión los modos históricos en que los derechos
sexuales y (no) reproductivos han sido regulados e interceptados por los
entrecruzamientos y permeabilidades entre la religión y la política.
El
aborto, como problema de salud pública que afecta tanto a la Argentina como=
a
otros países de Latinoamérica, pone de manifiesto las inconsistencias que
existen entre la penalización de dicha práctica con relación a principios d=
el
sistema democrático como la igualdad y los derechos de ciudadanía de las
mujeres. Lo que predomina es una correlación y permeabilidad permanente de
sentidos entre formas de control de la sexualidad y el cuerpo de las mujere=
s, y
discursos sociales hegemónicos y dominantes –religiosos, biomédicos y juríd=
icos–
que cuestionan el derecho al aborto como una práctica moral ilegítima. Los
obstáculos que existen en torno al ejercicio de los derechos sexuales y (no=
) reproductivos
ponen en cuestión aspectos que contribuyen al desarrollo de las libertades y
los derechos de las mujeres en democracia, al mismo tiempo que reflejan las
debilidades e insuficiencias del derecho y de las políticas de Estado en
cuestiones competentes a la profundización de la laicidad. En 2018, y como =
producto
de la movilización colectiva de las organizaciones feministas, el aborto lo=
gró
ser instalado como tema de debate en Argentina, lo que permitió ampliar las
fronteras de lo decible y ubicó dicha temática tanto en el espacio público =
como
en la agenda política. Como sostiene Mario Pecheny (2014), desde 1983, en
Argentina, se registran avances importantes en materia de ciudadanía sexual,
aunque la ilegalidad del aborto continúa siendo una deuda de la democracia.=
En
este sentido, la denegación de la Ley de IVE confirma el carácter
heteronormativo de un vasto sector de la dirigencia política, y los modos en
que el desarrollo del sistema democrático supone el juego de intereses de
sectores coorporativos.
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Nación. Página/12. Clarín. Perfil. Crónica.
[1=
] El
presente trabajo se inscribe en el marco de mi investigación posdoctoral
financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet).
[2=
]
Desde 1986, el Encuentro Nacional de Mujeres –hoy autodenominado Encuentro
Plurinacional de Mujeres y Disidencias– se realiza de manera anual e
ininterrumpida. Participan organizaciones feministas de todo el país y se
realizan talleres temáticos donde se ponen en discusión una diversidad de
problemáticas sociales que afectan a las mujeres (trabajo, salud, inmigraci=
ón,
indigenismo, violencia, entre otras), al mismo tiempo que se generan debate=
s sobre
las diversas estrategias de lucha que que debe asumir el movimiento feminis=
ta
(Tarducci, 2005; Masson, 2007; Alma & Lorenzo, 2009). La celebración de
dichos encuentros tiene como antecedente histórico los Encuentros Feministas
Latinoamericanos y del Caribe –el primero de ellos realizado en la ciudad de
Bogotá (Colombia) en 1981– y la III Conferencia Mundial de Nairobi (Kenia) =
en
1985.
[3=
]
La crisis política, económica e institucional de diciembre de 2001 en Argen=
tina
derivó en una revuelta social generalizada que culminó con la renuncia de
Fernando De la Rúa a la presidencia. Durante las jornadas del 19 y 20 de
diciembre de 2001, se produjeron saqueos a supermercados, protestas y «cace=
rolazos»
en las calles exigiendo la renuncia del presidente, y la represión policial
dejó un saldo de 36 personas fallecidas.
[4=
]
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tuvo =
sus
orígenes en el año 2003 en el marco del XVIII Encuentro Nacional de Mujeres
(ENM) realizado en la ciudad de Rosario (Santa Fe). Oficialmente, fue lanza=
da
el 28 de mayo de 2005 en el Día Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres. Desde entonces, se caracteriza por ser un espacio de confluencia e=
ntre
distintas organizaciones feministas del país y desde el cual se coordinan
actividades y estrategias de lucha por la legalización/despenalización del
aborto en Argentina (Anzorena & Zurbriggen, 2013; Bellucci, 2014). La
Campaña tiene como ejes principales de su lucha la exigencia de un Estado
laico, la implementación de la ESI en las escuelas, el acceso a métodos
anticonceptivos seguros y el reclamo por una ley de interrupción voluntaria=
del
embarazo.
[5]=
[6=
]
En 2011 asumieron como nuevas autoridades de la Conferencia Episcopal Argen=
tina
(CEA) José María Arancedo (presidente, y arzobispo de Santa Fe), Virginio
Bressanelli (vicepresidente primero, y arzobispo de Neuquén), Mario Cargnel=
lo (vicepresidente
segundo, y arzobispo de Salta) y Enrique Eguía Seguí (secretario general, y=
obispo
auxiliar de Buenos Aires).
[7=
]
Cambiemos es un Gobierno de proyección ideológica neoliberal, basado en una
idea de modernización gerencial de la política y el Estado, de desregulació=
n de
la economía, y de promoción del endeudamiento externo y disminución de la
inversión pública. En materia de derechos de género, ejecutó fuertes recort=
es
presupuestarios en salud pública que afectaron la continuidad y el desarrol=
lo
de políticas sociales como el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreaci=
ón Responsable
y el Programa de Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.
También, se dieron recortes en la asignación de presupuesto para el Program=
a de
Educación Sexual Integral (ESI), y para el funcionamiento del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
Apuntes 87, xx-xx © Crea=
tive
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ISSN: 0252-1865 Artículo recibido el 24 de abril = de 2019
eISSN: 2223-1757 Artículo aprobado para su publicaci= ón el 4 de noviembre de 2019
doi: xx